jueves, 23 de abril de 2015

Leyes generales de educación. 1857-2013

El tan cacareado tema de la educación en nuestro país necesita simplemente unos pocos datos para entender el motivo de nuestras bajas calificaciones en los informes PISA; solamente la estulticia puede explicar lo que ha sucedido en los últimos 40 años. La cortedad de miras, la visión partidista, los gurús de la enseñanza y, en más de una ocasión, la ignorancia disfrazada de conocimiento, nos han llevado hasta donde ahora estamos. Y lo que es peor, no parece que tenga solución inmediata.
En estas líneas me propongo recordar las sucesivas leyes de educación que hemos sufrido. Una simple lectura ofrece conclusiones demoledoras. Dejo para quien lea el “placer” de sacar las propias.

1857.
Año de la Ley de Instrucción Pública o ley Moyano. Primera ley general de educación. Favoreció una buena ordenación administrativa de la enseñanza; supuso un enorme avance y en ella se regulaban los niveles educativos del sistema: Primera Enseñanza de seis a nueve años (gratuita para quien no pudiera pagarla y obligatoria); Segunda Enseñanza -el Bachillerato- de seis años comunes con examen final y a la que añade la posibilidad de estudios de aplicación a las profesiones industriales; tercera o Universitaria, que incluye otras enseñanzas superiores no universitarias de carácter profesional.

1970.
Ley de Villar Palasí o Ley General de Educación. Segunda ley general de educación. Como objetivo de la LGE estaba el hacer partícipe de la educación a toda la población española, aspecto fundamental si tenemos en cuenta que con la anterior Ley existía un 75 % de analfabetismo.
La LGE, que pretendió establecer la igualdad de oportunidades educativas, supuso un avance gigantesco a favor de una sociedad más justa y una vida más humana. También representó una mejora cualitativa de la enseñanza y favoreció la integración social de todos los españoles, abriendo las puertas de la educación a todas las clases sociales sin discriminación. Fue muy denostada en su momento porque “vulgarizaba” el aprendizaje.

1978
Constitución de 1978. En ella, en su Artículo 27 se establecen los principios básicos que presiden toda la legislación en materia educativa y que, por tanto, todas las leyes posteriores van a tratar de concretar.
Durante este periodo aparece un tipo de escuela pública, monolítica, común para todos, ideológicamente pluralista, aconfesional, intervensionista, gratuita, que discurre paralela con una enseñanza privada, confesional, con el ideario correspondiente para quien la desee, pero en este caso ya no gratuita, sino de pago.

1980
Ley Orgánica de Estatutos de Centros Escolares (LOECE).
Promovida por U.C.D. En esta Ley, el derecho de los padres a elegir el tipo de educación para sus hijos así como la libertad de la enseñanza en España quedaban condicionados a la Ley de Financiación General de la Educación, que nunca habría de ser aprobada.

1985
Ley Orgánica del Derecho a la Educación (LODE ). , aprobada por el Partido Socialista. Se consideró que la LOECE (1980) hizo un desarrollo parcial y escasamente fiel al espíritu constitucional y de ahí surgió la necesidad de una nueva norma que desarrollase los principios que, en materia de educación, contiene la Constitución Española, y que garantizase al mismo tiempo el pluralismo educativo y la equidad. Así, la LODE (1985) fijaba los derechos a la educación, recogidos en la Constitución; además, establecía un sistema de gestión de los centros poco homologable a la legislación europea. Por otra parte, consolidaba una doble red de centros: una pública (escuelas e institutos) y una privada, mantenida con fondos públicos (colegios concertados), en los que se financiaban las plazas escolares de los niños desde los seis a los catorce años y, a partir de los años noventa, desde los seis a los dieciséis años.
Contempló por primera vez la figura del Consejo Escolar, que permitía a profesores, alumnos, padres y PAS participar en la gestión de los centros públicos.

1990
Ley de Organización General del Sistema Educativo (LOGSE).
El PSOE contaba con mayoría absoluta. Trata de responder a la nueva realidad de España, que ha dejado de ser una e indivisa y se ha convertido en la España de las Autonomías. Se amplía la escolaridad obligatoria y gratuita hasta los 16 años, desciende la ratio de 40 a 25 alumnos por clase y aparece la especialización de los profesores. La enseñanza se concibe en función de las capacidades del alumnado y se potencia el igualitarismo académico. Fue también, como las anteriores pero en mayor medida, criticada ferozmente por sus opositores. Curiosamente la LOMCE, la última ley, le devolvió parte de su crédito.

1995 
Ley Orgánica de Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG). Aún en tiempo de gobierno socialista-, que trata el tema de las actividades extraescolares, la autonomía de gestión de los centros docentes, las inspecciones por las administraciones educativas y los órganos de gobierno de los centros docentes públicos.
Profundiza lo dispuesto en la LODE (1985) en su concepción participativa, y completa la organización y funciones de los órganos de gobierno de los centros financiados con fondos públicos para ajustarlos a lo establecido en la LOGSE (1990).
Además, da nuevo impulso a la participación y autonomía de los distintos sectores de la comunidad educativa en la vida de los centros docentes y completa un marco legal capaz de estimular de modo fructífero el conjunto de factores que propician y desarrollan la calidad de la enseñanza y su mejora.

2002
Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE). Aprobada por el Partido Popular. Esta Ley de Calidad de la Educación tiene como objetivo reducir el fracaso escolar, elevar el nivel educativo y estimular el esfuerzo, a través de mayores exigencias académicas. En su intención está respaldar el principio de autoridad en los centros docentes y poner coto a la indisciplina, mientras se respeta en lo sustancial la LODE (1985) y la LOGSE (1990).
De hecho, la LOCE (2002) no entraba a fondo en una reordenación del Sistema Educativo; más bien establecía reformas en algunos aspectos clave y de gran sensibilidad que servían para lo siguiente: desmantelar el sistema curricular que no había funcionado en la mayor parte de centros, sustituyéndolo por un regreso a programas escolares de la década de los setenta; permitir la posibilidad de establecer itinerarios en la Educación Secundaria Obligatoria, sin llegar a los modelos diversificados, imperantes en los países con sistemas no comprensivos; suprimir la promoción automática de curso; implantar pruebas finales (reválida) en el Bachillerato, además de reformar las pruebas para el acceso a la Universidad; la razón que argumentaba el Gobierno conservador para iniciar esta política de cambio normativo era el desprestigio social que, según su opinión, tenía la reforma socialista. Un factor que constataba esta afirmación era la comprobada hostilidad que la LOGSE (1990) despertaba en amplios sectores del profesorado público, especialmente de Educación Secundaria, y los calificados de “malos resultados” obtenidos por los estudiantes españoles en las evaluaciones internacionales y otros estudios de rendimiento de ámbito nacional; malos resultados que el Gobierno relacionaba con la ordenación educativa de la etapa.
Toda esta reforma no puede ser valorada ya que no se llegó a aplicar en sus aspectos fundamentales, aunque, según algunos expertos, la Ley no abordaba los temas másimportantes y, en muchos aspectos, desconocía los nuevos problemas que para el Sistema ha supuesto la universalización y democratización de la educación impulsada en los años ochenta y principios de los noventa. La crítica que sobre el papel recibió la LOCE (2002) la calificaba de norma nostálgica que intentaba volver a soluciones de cuando la educación llegaba solamente a un porcentaje pequeño de la población. Otros hablan de parches para un edificio que ya estaba en ruinas…
Independientemente de estas valoraciones, lo que sí es cierto es que esta Ley cambia la estructura del Sistema Educativo no universitario considerando la Educación Preescolar de 0 a 3 años y la Infantil de 3 a 6. También en la ESO hay cambios, no en cuanto a Ciclos o Niveles sino más bien en formas y contenidos. El Bachillerato se queda ahora en 3 modalidades y la FP apenas sufre cambios.
Las enseñanzas de régimen especial se consideran: artísticas, de idiomas y deportivas y se incorpora, además, atención a alumnos con necesidades educativas específicas (superdotados, extranjeros, n.e.e.) además de la educación de personas adultas.

2006
Ley Orgánica de Educación (LOE). Con la llegada del grupo socialista al poder se paraliza la aplicación de la LOCE -que también había suscitado polémica movilizando especialmente a un amplio sector del alumnado y profesorado de izquierda- y comienza una nueva etapa con una nueva Ley que el 6 de abril de 2006 el Congreso de los Diputados aprueba con 181 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones, en medio también del mayor conflicto educativo de los últimos años; es la Ley Orgánica de Educación (LOE 2006).

2013
Ley orgánica para la mejora de la calidad educativa (LOMCE). Auspiciada por el Partido Popular. En cierto sentido es una vuelta a la LODE del 2002 con un acento en la “calidad educativa” pero, como todas las anteriores de la etapa democrática, claramente marcada por una visión partidista que excluye otras maneras de pensar.

Como resumen, tenemos que entre la primera ley que ordena nuestro sistema educativo, del año 1857, y la segunda, de 1970, pasaron 113 años con una ordenación producto de su época pero que tuvo el enorme avance de regular lo que era un absoluto caos y de hacerlo satisfactoriamente para aquellos estándares. Desde el año 1970 hasta hoy, apenas cuarenta años, un total de nueve… por ahora, ya que la LOMCE tiene escasas posibilidades de sobrevivir en próximos tiempos.
¿Alquien puede pensar que de esta forma podemos tener un sistema educativo sólido? Mientras el cortoplacismo de la política partidista no se aleje de la Educación, ahora sí con mayúscula, no es que nos podamos parecer a Finlandia (habría mucho que hablar) es que paises con un PIB muy inferior al nuestro lo tienen mucho mejor organizado.
¡ Que alguien ponga sentido común ¡

José Luis García Mendoza


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