domingo, 26 de abril de 2015

Una jornada negra en La Coruña

La Coruña del inicio de los años 20 era una ciudad de unos 60.000 habitantes; el censo efectuado en 1920, primero de aquella década capaz de aportar datos fiables, le asignó una población de hecho de 62.022 habitantes con una de derecho de 63.603.


Plaza de Mina 

Sin duda alguna era la Capital de facto de Galicia y su ciudad más permeable a modas y usos venidos de fuera de la Región gallega. Cabecera de la 8ª Región Militar y de la Audiencia Territorial, instituciones ambas fijadas en la ciudad desde tiempos de Felipe II, La Coruña constituía la vanguardia de Galicia ostentado los títulos de "Cabeza, guarda y llave, fuerza y antemural del Reino de Galicia", otorgados también por el S.M. Rey Felipe II.
Ciudad alegre, divertida, cosmopolita y elegante, con los ojos puestos en su puerto que sigue constituyendo una de las principales fuentes de riqueza. Sirva como muestra los 58.500 pasajeros que embarcaron y desembarcaron a lo largo de 1920 y las más 2.000 toneladas diarias que permitían descargar los medios técnicos con los que contaba, en aquellas fechas, la Junta de Obras del Puerto de La Coruña; por su parte, los distintos muelles que integraban el puerto recibían, por esos años, la visita de unos 1.500 buques anualmente, entre vapores y veleros.

Al igual que sucedía con otras Instituciones del Estado, la Policía Gubernativa estaba también representada en la ciudad por efectivos de sus dos Cuerpos, el de Vigilancia y el de Seguridad que constituían, junto con la Guardia Civil igualmente presente, la columna vertebral de la seguridad pública en la ciudad.

La Inspección del Cuerpo de Vigilancia, al frente de la que se hallaba un Inspector-Jefe, estaba ubicada entre la Avenida de la Marina y la calle del Agar, en los bajos del Gobierno Civil que compartía caserón con la Diputación Provincial y con el Teatro Rosalía Castro, reedificado entre 1868 y 1870 tras un incendio que lo destruyó cuando recibía el nombre de Teatro Nuevo o Principal. Además de este Inspector-Jefe, la plantilla, con representación en la ciudad desde los primeros años del siglo XX, contaba con el correspondiente número de Agentes de las demás categorías. 

En cuanto al Cuerpo de Seguridad, con su Prevención en el inmueble nº 108 de la calle del Orzán, muy próxima a la de San Andrés, eje comercial de la ciudad junto con la calle Real, contaba con una dotación de entidad Compañía a cuyo frente se hallaba un Capitán, estando presente en la ciudad desde principios de 1908.

En los inicios de la década de los 20 del pasado siglo, el Cuerpo de Vigilancia atendía en La Coruña una media de 800 asuntos anuales, en tanto que el de Seguridad prestaba unos 1.000 servicios cada año entre detenciones, denuncias, infracciones contra el reglamento de carruajes, riñas, robos, estafas, desacatos, etc.

Guardia de Seguridad en el Muro coruñés (1920) 

La Coruña vivió, en julio de 1920, unas jornadas de excitación social, en las que se sucedieron todo tipo de acciones violentas, como consecuencia de la huelga declarada en varios sectores de producción a imitación de lo que estaba sucediendo en el resto de España.

Uno de los sectores estratégicos, vitales para la vida comercial coruñesa, lo constituía el gremio de estibadores portuarios; un sector de producción cuyas huelgas, especialmente violentas, afectaban directamente a la economía de la ciudad dado el volumen de trabajo que generaba la arribada a puerto de los numerosos buques de carga que lo hacían diariamente.

El hecho de haber declarado la huelga este importante sector obligó a gestionar la venida de otros trabajadores de la comarca para realizar las funciones de descarga portuarias en las que también comenzaron a prestar apoyo efectivos de la Armada; pero si esta huelga estaba provocando un importante deterioro en la vida socio-económica de la ciudad, la situación se vio agravada de forma notable al unirse a ella otra de camareros cuya actitud, mostrando su peor cara, provocó el cierre de la mayoría de los establecimientos hosteleros de la ciudad, por miedo a represalias, viéndose el Gobernador Civil, José Luis Castillejo, en la disyuntiva de tener que obligar a los patronos a mantener abiertas las puertas de sus establecimientos, con o sin el concurso de sus empleados de plantilla.

Consecuencia de estos hechos, la primera autoridad civil coruñesa ordenó la detención de los directivos de la Federación Obrera, instigadora de la huelga, y el cierre de su imprenta, ambas medidas habían sido acogidas con agrado por parte de la ciudadanía sumida en un estado de miedo e intranquilidad.

Pese a todo, incluso a determinadas acciones muy virulentas protagonizadas por los estibadores los días previos, la jornada más sangrienta que iba a vivir la ciudad estaba por llegar, registrándose entre las últimas horas de la noche del 19 de julio y la madrugada del 20 de aquel 1920. 

Esa tarde, La Coruña se vio sobrecogida por el rumor que de forma incesante circuló por calles y plazas: un Agente de Vigilancia había resultado muerto a tiros, abatido en una calle céntrica de la urbe.

Pronto el rumor tomó cuerpo y consistencia al comprobar su verosimilitud. 


El hecho tuvo lugar alrededor de las siete de la tarde en la calle Feijoo, próxima al Muelle de Linares Rivas del puerto coruñés, donde efectivos de los Cuerpos de Vigilancia y de Seguridad habían establecido un dispositivo de control en evitación de que piquetes de estibadores huelguistas se dirigiesen al referido muelle a obstaculizar las tareas de descarga de maíz que allí se estaban llevando a efecto.


Efectivos de los Cuerpos de Vigilancia, Seguridad y Guardia Civil en una identificación callejera. Años 20. 

Uno de los integrantes de este servicio policial era el Agente Tomás Antón Herrero destinado en la Comisaría coruñesa. El Agente se encontraba prestando su servicio en la zona portuaria mientras se realizaba la citada descarga de maíz; en ese instante hizo acto de presencia un grupo de huelguistas para intimidar a los trabajadores que estaban realizando las tareas de descarga; requerido el Agente por uno de los patronos procedió a identificar y cachear a dos de los componentes del piquete, resultando ser José de la Encina, a quien se le ocupó una pistola, y José López Rufo, procediendo, las fuerzas actuantes, a la detención de ambos y su traslado a la Inspección de Vigilancia.

Al abandonar los efectivos policiales la zona portuaria conduciendo a los dos detenidos, un grupo del huelguistas hizo fuego contra ellos lo que provocó que varios Agentes y Guardias de Seguridad persiguieran a los autores de los disparos; en ese instante, al llegar a las proximidades de la calle Feijoo, de otro grupo de huelguistas, que seguía al Agente Antón y a los detenidos, surgió uno de los individuos que lo integraban y aproximándose hizo fuego sobre el Agente alcanzándole por la espalda quien al recibir el traicionero impacto cayó al suelo, circunstancia que aprovecharon los dos detenidos y el agresor para huir del lugar de los hechos.

Los disparos alertaron a otros Agentes y Guardias de Seguridad que, junto a varios transeúntes, acudieron al lugar de los hechos auxiliando al Agente Antón quien de inmediato fue conducido al Hospital Provincial donde se le apreció una herida de arma de fuego que afectó al pulmón, donde quedó alojado el proyectil, provocando una fuerte hemorragia interna de resultas de la que falleció al poco de su ingreso en el centro hospitalario.

Pese a la gravedad de la herida, el Agente, antes de fallecer, pudo identificar al autor de la agresión resultando ser un obrero estibador de nombre David Ramos, con antecedentes por su conducta violenta, que había puesto de manifiesto en varias ocasiones, habiendo sido detenido y procesado con anterioridad por la agresión a la Capitán del buque "Grao".

Ante la gravedad de estos hechos, el Gobernador ordenó el inmediato cierre de todas las tabernas y la detención de los sindicalistas más significados, así como de todos aquellos que se pudiese sospechar hubiesen tomado parte en el hecho.

De resultas de las pesquisas practicadas se logró la inmediata detención de José López Rufo, evadido tras los disparos, y de uno de los integrantes del piquete en el que iba David Ramos que negó su participación en la agresión.

El Agente asesinado, natural de un pequeño pueblo de la provincia de Zamora, contaba cuarenta y siete años de edad, estaba casado y era padre de cuatro hijos pequeños.

Las horas siguientes fueron de especial violencia e intranquilidad en la ciudad; a las identificaciones, cacheos y detenciones practicadas por personal de los Cuerpos de Vigilancia y Seguridad, los piquetes de huelguistas respondieron disparando contra la Inspección de Vigilancia y contra la Prevención de Seguridad, teniendo el personal de servicio de verse en la necesidad de repeler estas agresiones empleando los mismos medios. 

Estas acciones violentas se reprodujeron, a primeras horas de la madrugada en las calles Rúa Nueva y Rúa Alta, donde fuerzas de Seguridad y Agentes de Vigilancia se enfrentaron contra piquetes de huelguistas que mantenían una actitud levantisca. 

Posteriormente, intensificados los controles preventivos en toda la ciudad, a las 02,50 horas ya del día 20, el Cabo Manuel López Pardo, perteneciente al Cuerpo de Seguridad con destino en La Coruña, procedió, apoyado por unos Guardias, a identificar y cachear, en la calle de Santa Catalina, a un grupo de estibadores huelguistas. Los citados individuos ofrecieron fuerte resistencia a la acción policial lo que motivó una actuación más enérgica, logrando su neutralización.

Cuando el Cabo López Pardo estaba procediendo al cacheo de uno de estos individuos notó que ocultaba algo en uno de sus bolsillos, al ordenarle que le mostrase lo que ocultaba, el individuo extrajo una pistola con la que abrió fuego contra el Cabo alcanzándole la región abdominal derecha, interesándole el hígado y provocándole una fuerte hemorragia interna.

Uno de los Guardias que acompañaba al Cabo logró detener al agresor que resultó ser un tal Vicente Suevos Botero quien sufrió lesiones consecuencia de oponer fuerte resistencia a su detención.

El Cabo fue conducido al Hospital donde falleció de resultas de la hemorragia interna que no pudo controlarse. 

El Cabo López, de cuarenta y tres años, casado y con tres hijos, había sido destinado a Madrid con motivo de su reciente ascenso al empleo de Cabo no pudiendo incorporarse al nuevo destino ante la previsión de desórdenes por el estado de crispación socio-laboral que vivía la ciudad.

El sepelio de ambos funcionarios se verificó el día 22, en el cementerio de San Amaro, constituyendo una manifestación popular de duelo con la presencia de más de 10.000 personas de todas clases y condiciones y con el cierre de todos los establecimientos coruñeses en señal de duelo.

El capitán General, el Gobernador Civil, el Alcalde y demás Autoridades civiles y militares de la ciudad asistieron a las honras fúnebres a las que también se sumaron la patronal y representantes de la vida social coruñesa. El cortejo fúnebre del Cabo Manuel López lo cerraba un Piquete del Cuerpo de Seguridad al mando de un Sargento. A este acto fúnebre también asistió la Guardia Municipal con uniforme de gran gala.

Tras estos graves y tristísimos incidentes, fuerzas de Seguridad, de la Guardia Civil y efectivos del Cuerpo de Vigilancia, doblaron los servicios para evitar que se reprodujesen los desórdenes, practicando un total de catorce detenciones de destacados sindicalistas que fueron deportados a diferentes lugares en evitación de nuevos incidentes. Esta medida debió obrar el efecto deseado pues la ciudad fue volviendo paulatinamente a la calma, prueba de ello es que al día siguiente de producirse los atentados en el Puerto coruñés se estaba procediendo, con total normalidad, a la descarga del vapor "Somne". 

Con relación al autor de este último atentado, Vicente Suevos, ingresado en el Hospital, significar que trató de evadirse del centro asistencial en unión del también activista Gabriel Acosta, internado en el mismo centro, acción que impidió la fuerza que le custodiaba. 

Como nota emotiva señalar que la patronal coruñesa inició sendas suscripciones para atender a las familias de los funcionarios asesinados, abriéndolas con la cantidad de 5.000 pts. para cada una de ellas.

Una de las inmediatas consecuencias de este hecho fue la dimisión presentada de forma irrevocable por el Gobernador Civil, José Luis Castillejo, siendo sustituido por el Gobernador de Sevilla, Sr. Argüelles.

José Eugenio Fernández Barallobre,

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